AVT Abogados

EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO: LA LEY 37/2011, SOBRE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL

2011-10-13T16:14:00.006+02:00

El pasado 10 de octubre fue aprobada la Ley 37/2011, sobre Medidas de Agilización Procesal, que ha sido publicada en el BOE en fecha 11 de octubre de 2011.

Esta Ley modifica, entre otras cosas, el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativo al procedimiento de desahucio por falta de pago de una manera muy curiosa y que, una vez se lleve a la práctica, veremos si agiliza, como pretende hacer, o ralentiza todavía más la Justicia.

Hasta ahora el procedimiento de desahucio por impago de rentas se tramitaba como un juicio verbal. ¿Esto que significa? Resumidamente, ante el impago de la renta se presenta una demanda de desahucio por impago, el Juzgado dicta un decreto en el que tiene por presentada la demanda, y señala día y hora para el juicio, así como día y hora para el lanzamiento del desahucio (desalojo forzoso). Este decreto así como una copia de la demanda se le notifica al demandado, quien deberá contestar en la vista de juicio. El día del juicio, si el inquilino no ha satisfecho todo lo adeudado hasta ese momento, se celebra juicio confirmando o modificando las cantidades adeudadas y, como suele ser lo habitual, al no comparecer el demandado, el procedimiento queda visto para sentencia y se declara el desahucio sin más trámites.

La sentencia se dicta dentro de los 5 días siguientes a la celebración del juicio y, una vez tenemos la sentencia, la ejecutamos solicitando que el lanzamiento se haga efectivo en la fecha prevista. Llegada la fecha prevista, una comisión del Juzgado acude al domicilio que debe ser desalojado y levanta un acta respecto a los desperfectos o enseres abandonados en el inmueble. Posteriormente, se ejecuta la parte dineraria (las rentas que adeuda hasta la fecha del lanzamiento).

Pues bien, con la nueva Ley este procedimiento se modifica en el sentido de que el desahucio por falta de pago se va a tramitar por el procedimiento monitorio. ¿Esto que quiere decir? Quiere decir que, en principio, el procedimiento promete ser más breve. Se presentará una demanda de desahucio, el Juzgado dictará un decreto admitiendo la demanda y señalando día y hora para el juicio, así como día y hora para el lanzamiento del desahucio (desalojo forzoso). Posteriormente, el Juzgado requerirá al demandado para que en el plazo de 10 días, desaloje el inmueble, pague lo que adeuda o se oponga por no estar conforme con la reclamación que se le hace, notificándole la fecha prevista del juicio y del lanzamiento.

Si se opone, se celebrará la vista de juicio, si paga, se enerva el desahucio (se impide), pero la gran novedad es que, si el demandado no desaloja, no paga y no se opone, se procederá al "inmediato lanzamiento" (desalojo forzoso) sin necesidad de notificarle nada posteriormente y evitando celebrar una vista de juicio totalmente innecesaria dadas las circunstancias.

Esperemos que esta modificación ayude a dotar de rapidez estos procedimientos y que no pase todo lo contrario al saturar de procedimientos monitorios los juzgados.

OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO

2011-09-15T12:47:00.005+02:00

El delito de omisión del deber de socorro está recogido en el artículo 195 del Código Penal.

Este delito consiste en no socorrer a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pueda hacerlo sin riesgo propio ni de terceras personas. Para este supuesto la pena sería de multa de 3 a 12 meses a razón de una cuota diaria, que oscila entre 2 y 400 euros, en función de las circunstancias económicas y personales del condenado (art. 50 CP)

También se le condenara con las misma pena de multa al que, estando impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno (como por ejemplo, llamar al 112...) .

Cuando la persona a la que no se auxilia sea víctima por accidente fortuito de quien no la auxilia, la pena ya pasa a ser de prisión, con una duración de 6 a 18 meses. Y si la víctima es por accidente por imprudencia, la pena de prisión ya es de 6 meses a 4 años.

Un ejemplo claro de este delito, y del que todos habréis oído hablar es el famoso caso de "Farruquito", quien fue condenado por un delito de homicidio imprudente así como por un delito de omisión del deber de socorro.

Aquí os dejo la sentencia por si alguien está interesado en conocer un poco más de este asunto.

DESAHUCIO POR PRECARIO Y DIVORCIO: Atribución del uso de la vivienda

2011-04-07T13:30:00.012+02:00

El motivo de escribir este post es la noticia que he leído hoy en lasprovincias.es, relativa al desahucio de una mujer y sus tres hijas por su ex suegro.

Ante esto debo decir que esta sentencia del Alto Tribunal, no es, ni mucho menos, pionera, pues ya en 2008, una Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de octubre, fijó como doctrina jurisprudencial que la situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación, y sin fijación de plazo por su propietario, para ser utilizada como vivienda familiar, una vez rota la convivencia conyugal, es la de precarista, con independencia de que en el proceso matrimonial se le haya atribuido el uso de la referida vivienda.

Esta sentenció vino a confirmar el criterio mantenido en la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2005 fijándolo, como ya he dicho antes, como doctrina jurisprudencial.

Al hilo de lo comentado, me gustaría analizar el desahucio por precario de forma escueta, y para ello, considero de vital importancia, saber qué se entiende por "precarista" y, según el diccionario de la RAE, precarista es aquella persona que posee, retiene o disfruta en precario cosas ajenas. Y a colación de esta definición, lo oportuno es definir "precario", y lo definimos como "aquello que se tiene sin título, por tolerancia o inadvertencia del propietario".

Por lo anteriormente expuesto, cuando hablamos de desahucio en precario, nos referimos al desalojo mediante un procedimiento judicial de aquellas personas que posean un inmueble (generalmente vivienda) del que no sean propietarios ni tengan título para poseer, como podría ser un contrato de alquiler, de comodato, usufructo, etc... y sin pagar ningún tipo de contraprestación por dicha posesión.

Lo más característico de la situación del precarista es que el propietario del bien puede poner fin a la posesión del precarista en cualquier momento.

El procedimiento judicial del desahucio por precario puede iniciarse por el propietario, y la demanda se dirigirá contra el precarista, aun en el caso de que se conozca que en el inmueble conviven mas personas, pues la sentencia de desahucio será extensiva a todos aquellos que convivan con el precarista.

La jurisprudencia ha establecido que deben cumplirse 3 requisitos necesariamente para el ejercicio de la acción de desahucio por precario, y estos requisitos son:

1. Que el demandante justifique suficientemente la titularidad del bien en cuestión por el que pretende el desahucio.

2. Identificarse la finca urbana objeto de reclamación.

3. Que el demandado esté en posesión de la finca o la disfrute, sin que haya contraprestación, renta o merced.

Es obvio que de los tres requisitos, con respecto a los dos primeros no tiene por qué surgir problemática alguna, salvo en casos excepcionales y demasiado complicados para comentarlos ahora. Pero no cabe decir lo mismo con respecto del tercer requisito: "Que el demandado esté en posesión de la finca o la disfrute, sin que haya contraprestación, renta o merced", puesto que no son pocas las sentencias que han entrado a valorar lo que puede o no puede entenderse como contraprestación, renta o merced, a la hora de encontrarse con un procedimiento de estas características.

Un ejemplo de ello, es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª), de fecha 31 de marzo de 2008, en la que se establece en su Fundamento de Derecho Segundo, lo siguiente:

"Sentado lo anterior, el recurso ha de ser desestimado, por cuanto la demandada carece de título para la ocupación y conforme señala la Jurisprudencia el hecho de realizar obras de adaptación en el inmueble que viene ocupando, no puede estimarse como eliminador del precario, en tanto en cuanto no se acredite que son estimadas por el arrendador en concepto de contraprestación por el uso concedido, y en razón de él, y no en exclusivo beneficio del usuario del inmueble. Es evidente que el favorecer a otro permitiéndole ocupar una vivienda, no obliga al favorecedor a proporcionarle también los servicios de agua y luz, ni obviamente tampoco a acondicionarle la vivienda para comodidad del favorecido, teniéndose sentado con reiteración que no enerva el precario el hecho de que el ocupante u ocupantes hayan venido abonando todos los gastos relativos al inmueble, pues es doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que el hecho de pagar merced o renta, que excluye la condición de precarista, no esta constituido por la mera entrega de una cantidad en dinero sino que ha de ser esa entrega por cuenta propia y a título de renta, y aceptada expresa o tácitamente en este concepto, lo que no consta haya ocurrido en el supuesto debatido."

Aun así, la interpretación sobre lo que se entiende o no por contraprestación, renta o merced, suele generar debate en no pocos casos, por lo que siempre debemos estar pendientes de las novedades jurisprudenciales.

EL CANON DIGITAL: la sentencia de la Audiencia Nacional

2011-03-24T16:03:00.008+01:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha hecho pública el 24 de marzo de 2011 una Sentencia por la que se declara la nulidad de pleno derecho de la Orden PRE/1743/2008, que establece la relación de equipos, aparatos y soportes sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción. Esto es, la Audiencia Nacional ha declarado nula la norma que regulaba los equipos y precios sujetos al pago del canon digital, pero no suprime el canon en sí, sino que anula la Orden y por lo tanto vuelven a estar vigentes las tarifas aprobadas en el año 2006, fijadas en la Disposición Transitoria Única de la actual Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo tanto, repito, esto no significa que el canon digital desaparezca ni que se vaya a devolver automáticamente a los consumidores el importe que han desembolsado por todos los CD, DVD, USB, impresoras, ordenadores y demás aparatos y soportes en concepto de canon digital.

Hace apenas unas semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que declaró que el canon digital era ilegal puesto que gravaba de "forma indiscriminada" todos los equipos y materiales de reproducción, sin distinguir si éstos se iban a utilizar para hacer copias privadas, pero la sentencia de la Audiencia Nacional no entra a debatir esta cuestión.

La sentencia de la Audiencia Nacional resuelve el recurso presentado por la Asociación de Internautas frente a la Orden Ministerial PRE/1743/2008, pero no ha entrado a valorar las cuestiones de fondo, sino que ha declarado la nulidad en base a varios defectos formales. Por lo tanto, lo que deja de tener vigencia es la Orden, no el canon digital en sí, ya que al anularse la presente norma continuará en vigor la anterior, que ya establecía unas cantidades y soportes, aunque diferentes a los que ahora han sido anulados.

La Audiencia aprecia la existencia de dos defectos insubsanables: la ausencia del dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado y la ausencia de las preceptivas memorias justificativa y económica, que son inherentes a todo reglamento, por lo que declara nula la Orden Ministerial.

En las últimas horas las consumidores no han dejado de preguntarse si es posible recuperar el dinero que han desembolsado por el canon mientras ha estado vigente la orden que gravaba los distintos soportes y aparatos en los que guardaban sus copias privadas. A bote pronto, se podría interponer una acción por enriquecimiento injusto, una doctrina jurisprudencial (no existe precepto legal que lo desarrolle) que determina el aumento del patrimonio de una persona en detrimento de otro sin que exista un motivo justificado o porque exista en base de una acuación desaprobada por la ley. El Tribunal Supremo estima que para que haya enriquecimiento injusto deben existir estos requisitos:

El enriquecimiento de una parte.
El emprobrecimiento de la otra parte.
Que exista una vinculación entre el enriquecimiento y el empobrecimiento de las dos partes que sea correlativo.
Que el enriquecimiento carezca de una causa justa o legítima.
Que no exista culpa ni interés personal de la parte empobrecida.

Para ello, se debería interponer una demanda en el juzgado, lo que en la mayoría de casos supondría para los consumidores una acción excesivamente onerosa en relación con la cantidad a reclamar. Además, la sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 10 días, con lo que habría que esperar a una sentencia definitiva para determinar las acciones a realizar.

DIVORCIO EXPRESS: El divorcio de mutuo acuerdo

2011-03-23T13:06:00.007+01:00

Hace algunos años apareció el llamado "divorcio express", pero nadie sabía exactamente en que consistía. Por su denominación, lo previsible y acertado era pensar en un divorcio rápido, pero la cuestión es como se consigue esto en la practica.

El concepto de divorcio express surge con la inclusión del denominado divorcio de mutuo acuerdo en la legislación civil, concretamente, y a nivel procedimental, en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este procedimiento se inicia con una demanda de divorcio y los documentos que debe acompañar son los siguientes:

Certificado de matrimonio
Certificado de nacimiento de los hijos, en caso de que hayan.
Propuesta de convenio regulador.

En la propuesta de convenio regulador lo que se recoge son todas aquellas medidas por las que ambas partes están de acuerdo en regirse después del divorcio. Estas medidas, en el caso de un matrimonio con hijos, son las siguientes:

Patria potestad y sistema de guarda y custodia de los hijos menores.
Atribución del uso de la vivienda familiar.
Régimen de visitas o distribución de los periodos de guardia y custodia, en los casos de custodia compartida.
Pensión de alimentos.
Pensión compensatoria, en caso de que se acuerde.

Además, hay que tener en cuenta que la legislación permite que en los casos de divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges, junto con el convenio regulador, presenten una propuesta de liquidación del régimen económico matrimonial, que tendrá pleno sentido cuando dicho régimen sea el de sociedad de gananciales, pero también cabe cuando en en el régimen de separación de bienes se ha creado un patrimonio común. Esto es muy aconsejable que se haga en este momento, pues el divorcio únicamente disuelve la sociedad de gananciales, pero no la liquida.

La demanda se presenta en el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al último domicilio conyugal, y debe ir firmada por abogado y procurador. A tenor de esto, cabe destacar que la legislación permite, siendo como es un procedimiento de mutuo acuerdo, que las partes tengan un mismo abogado y procurador o que cada uno tenga su propia representación y asistencia legal.

Presentada la demanda, en caso de que hayan hijos menores, el juez debe dar traslado al Ministerio Fiscal de la propuesta de convenio regulador para que éste examine si con lo pactado por las partes se perjudica en algo los derechos de los hijos, por ejemplo, en caso de que el régimen de visitas no sea proporcionado.

Si el Ministerio Fiscal entiende que alguno de los acuerdos no se ajusta a la legalidad o a lo que más interesa al menor, se da plazo a las partes para que modifiquen el acuerdo ante el que el Ministerio Fiscal muestra reservas. En caso de que esté plenamente conforme con el contenido del convenio regulador, el juzgado citará a las partes para que vayan al juzgado a ratificar el divorcio.

La ratificación del divorcio es un mero trámite en el que las partes van al mostrador de lla secretaría del juzgado, dicen que van a ratificar el divorcio, el funcionario les muestra el convenio presentado con la demanda y firman un acta como que ratifican los solicitado en el convenio y demanda presentadas.

Después de la ratificación lo que queda esperar es que el juez dicte sentencia declarando el divorcio y aprobando como medidas del mismo lo propuesto en el convenio regulador. Además, es el propio juzgado el que se encarga de que en el Registro Civil se inscriba el divorcio, por lo que las partes ya no tendrán que preocuparse por nada.

En cuanto al tiempo que puede pasar desde que se presenta la demanda y hasta que se dicta sentencia, no puedo concretar nada pues va a depender fundamentalmente del volumen de trabajo que tenga e juzgado concreto y de su ritmo de trabajo. He tenido casos en los que en 3 meses los cónyuges han estado divorciados, y tenido otros que han tardado un poco más, pero lo que si es seguro es que es mucho mas rápido y sobretodo, beneficioso, que el divorcio contencioso.

NOTIFICACIONES JUDICIALES: Cómo afecta la paralización del servicio de Correos

2011-03-22T12:14:00.009+01:00

La última noticia sobre los escasos medios económicos de que dispone la Justicia Valenciana es la relativa a que los Juzgados valencianos se quedan sin servicio de Correos por impago.

Y la pregunta es ¿en qué repercute en la práctica que no haya servicio de correo postal? Pues bien, la respuesta puede ser muy enrevesada si me pongo a analizar detalle por detalle lo que puede implicar, pero intentaré dar una visión más global para que se entienda a grandes rasgos.

Lo que va a suponer que la Justicia valenciana no disponga de este servicio, si se prolongara en el tiempo, se va a traducir en mayor dilación en los procedimientos, de dos maneras.

La primera manera de dilatarse el procedimiento podría clasificarse de dilación propia. Y este tipo de dilación se traduce en lo siguiente:

En todos aquellos procedimientos en los que las partes no están representadas por procurador, sino que únicamente están asistidos de abogado (esto es muy frecuente en los procesos penales en la fase de instrucción o en los juicios de faltas, en los procesos laborales, y en aquellos procesos civiles cuya cuantía sea inferior a 900 €), las comunicaciones del correspondiente juzgado con el abogado se realizan vía correo certificado y estas comunicaciones pueden consistir en dar un plazo para que se aporte un documento que falta, en dar un plazo para realizar alegaciones ante algún escrito presentado por alguna de las partes, o incluso en notificar el señalamiento de la vista de juicio.

La segunda manera de dilatarse el procedimiento podría clasificarse de dilación impropia. Y este tipo de dilación se traduce en lo siguiente:

En los procedimientos en los que las partes están representadas por procurador, la ausencia del servicio de correo postal no va a repercutir en lo señalado anteriormente, pues las notificaciones se realizan directamente al procurador a través del Colegio de Procurador. Pero sí que va a afectar al normal desarrollo del procedimiento, pues en los procedimientos en los que hay que citar a testigos y peritos, estas citaciones se suelen hacer por el juzgado bajo apercibimiento de multa en caso de no comparecer, y el juzgado, estas citaciones, las realiza por medio de correo certificado, por lo que si carecen de este servicio, muchos serán los juicios que se suspenderán porque al llegar la fecha de la vista un perito o un testigo cuyo testimonio es relevante no ha acudido porque no se le ha podido citar a tiempo.

Otra opción, que muchos estarán pensando ahora mismo, sería que estas notificaciones, en lugar de hacerlas por medio de Correos, las hiciesen los propios funcionarios, pero esta opción es del todo imposible, pues son miles y miles los envíos que realizan los juzgados a diario entre todos los juzgados valencianos, y si los funcionarios hiciesen en persona las comunicaciones, entonces estaría desatendido el propio Juzgado.

Por ello, creo que la única posible solución es que se restablezca el servicio postal, de una manera o de otra, porque en caso contrario va a producirse un auténtico colapso en los juzgados valencianos.

PORNOGRAFÍA INFANTIL: La posesión de material pornográfico para uso propio

2011-03-18T12:51:00.006+01:00

Últimamente, no son pocas las noticias que escuchamos, relativas a la detención de personas de toda índole, por poseer material pornográfico infantil.

En primer lugar deberíamos concretar qué se entiende por pornografía, y según el Diccionario de la Real Academia, la pornografía es el carácter obsceno de obras literarias o artísticas. Pero lo realmente relevante, para el caso que aquí nos atañe, es saber qué entienden nuestros tribunales por pornografía, ya que este concepto está en función de las costumbres y del pensamiento social de cada época, y por ello no se ha dado una definición concreta.

Pues bien, la doctrina y la jurisprudencia, aunque no dan una definición del término pornografía sí que han recogido, en diversas sentencias y artículos doctrinales, los requisitos que deben darse para tildar de pornográfico determinado material. Estos requisitos son los siguientes:

1) Que el mismo consista o represente obscenidades cuya única finalidad sea excitar el instinto sexual.

2) Que dicha obscenidad exceda claramente el erotismo que tengan por admisible las convenciones sociales de cada momento.

3) Que, si se trata de una obra, carezca de justificación científica, literaria o artística.

Teniendo ya claro cuando entienden los tribunales que existe material pornográfico, debemos hacer especial mención a la regulación legal de los delitos relativos a la pornografía infantil, y en especial a la posesión de este tipo de material para uso propio.

En el artículo 189.2 del Código Penal se regula como delito el hecho de "poseer para uso propio material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizados menores de edad o incapaces", y para este delito se contempla una pena de prisión de 3 a 12 meses o multa de 6 meses a 2 años.

No debemos dejar de lado que con la última modificación del Código Penal, que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, este tipo de delitos han sido modificados en el sentido de que las penas se han endurecido considerablemente, pero sorprende, y mucho, que precisamente esta conducta que se está convirtiendo, lamentablemente, en "habitual", no haya sufrido el mismo endurecimiento en sus penas.

Una novedad de la reforma del Código Penal es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este tipo de delitos, pues a las mismas se les van a poder imponer las penas previstas en el artículo 189 bis del Código Penal.

LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: Negativa a someterse a ella

2011-03-17T12:36:00.005+01:00

Cuando una persona coge el coche habiendo bebido y le paran en un control rutinario de alcoholemia, la primera duda que le viene a la cabeza es si hacer o no hacer la prueba. Pues bien, para resolver esta duda voy a realizar una comparativa relativa a las consecuencia de conducir ebrio y a las de negarse a realizar la prueba de alcoholemia.

El artículo 379 del Código Penal regula el delito contra la seguridad vial, consistente en conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mm/litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr/litro, y para este delito se prevé como penas la de prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y privación del derecho a conducir vehículos a motor.

En caso de someterse a la prueba de alcoholemia y dar una tasa inferior a 0,60 mm/litro en aire espirado o 1,20gr/litro en sangre, el asunto se quedará en una infracción administrativa con su correspondiente multa, y en caso de dar por encima de las tasa indicadas, al ser constitutivo de delito ya no habrá infracción administrativa.

El artículo 383 del Código Penal regula en delito consistente en negarse a someterse a las pruebas "legalmente establecidas" para la comprobación de las tasas de alcoholemia, y prevé como penas, la de prisión y la de privación del derecho a conducir vehículos a motor.

Por ello, creo que ha quedado claro que es preferible someterse a la prueba de alcoholemia, pues en caso de dar una tasa superior a 0,60 mm/litro en aire espirado, siempre la pena va a ser menor que en caso de negarse a someterse a la prueba de alcoholemia.

Además, quiero aprovechar este `post´ para aconsejar, a las personas que dan una tasa superior al 0,60 mm/litro, que se sometan a la prueba de contraste (la que se hace en sangre) pues es difícil que el resultado de esta prueba de contraste empeore la situación pero sí que puede mejorarla.

Aquí pongo un cuadro comparativo de las penas de los dos delitos comentados.

CONDUCIR EBRIO

NO SOMETERSE A LA PRUEBA

Prisión de 3 a 6 meses, o

Multa de 6 a 12 meses, o

Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Prisión de 6 a 12 meses.

Privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

IMPAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS: Opciones

2011-03-17T11:49:00.004+01:00

Hoy en día no son pocas las personas que se quejan de que su pareja no cumple con la obligación de pagar una pensión de alimentos, cuya única finalidad es la de contribuir con los gastos que supone criar a un hijo.

Ante esta situación dos son las opciones que hay previstas legalmente. La primera consistiría en un procedimiento civil y, más concretamente, en ejecutar la sentencia en la que se establece la obligación de la pensión de alimentos, que será la correspondiente a la separación o divorcio o la de medidas paterno-filiales. Por este procedimiento se puede exigir el cumplimiento de la obligación de pagar una pensión de alimentos, así como también los gastos extraordinarios a los que debería haber contribuido, al 50% o en la proporción contemplada en la sentencia, de los últimos 5 años.

El plazo de los 5 años hay que tenerlo muy presente ya que todas aquellas pensiones que se adeuden desde hace mas de 5 años, legalmente han prescrito, por lo que no se podrán reclamar judicialmente.

Este procedimiento, civil, consiste en presentar una demanda solicitando el cumplimiento del pago de la pensión, esta demanda se la notifican a la otra parte, y el juzgado procede a investigar el patrimonio de esta persona para averiguar bienes a embargar o en caso de conocer alguno deberemos indicarlo en la demanda para agilizar el procedimiento.

Averiguado todo el patrimonio, nóminas, pensiones, coches, etc, el juzgado, si se embarga la nómina, procederá a enviar a la empresa un oficio ordenando que determinada cantidad de dinero la ingrese en una cuenta del juzgado, si es un inmueble se saca a subasta pública...

En cuanto a la segunda opción, ésta consistiría en un procedimiento penal y, más concretamente en denunciar un delito de impago de pensiones, previsto en el artículo 227 del Código Penal. Lo que permite iniciar este procedimiento penal es el incumplimiento del pago de la pensión durante 2 meses consecutivos o 4 meses alternos.

Hay que tener en cuenta, a la hora de valorar que opción escogemos, que penalmente sólo será responsable de la comisión de este delito aquella persona que teniendo capacidad económica para hacer frente al pago de la pensión no la ha pagado porque no ha querido. En caso contrario, es decir, que no haya pagado porque efectivamente su situación económica no le permite poder pagarla, no se le condenaría por este delito, pues es requisito necesario que el impago sea voluntario.

En caso de que se le condenase, para el delito de impago de pensiones las penas prevista son de 3 a 12 meses de prisión o multa de 6 a 24 meses, por lo que en principio en caso de condena no entraría en prisión si no tiene antecedentes penales. Pero hay que tener en cuentas que esta condena si le constará como antecedentes penales para futuros procedimientos.

PRISIÓN PROVISIONAL: Una medida de carácter excepcional

2011-03-16T12:00:00.004+01:00

Aunque es fácil que mucha gente se sorprenda al saber que alguien que, en estado de embriaguez, ha provocado un accidente en el que ha habido una víctima mortal, quede en libertad, tiene una explicación legal.

La medida de la prisión provisional, que es la que se adopta hasta que se dicta sentencia, debe acordarse, o mejor dicho, puede acordarse, cuando concurren una serie de circunstancias y siempre que se cumplan una serie de requisitos.

En primer lugar, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 502, establece que ésta medida (la prisión provisional) se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad que permitan alcanzar los mismos fines que con la prisión provisional. Además, el juez deberá tener en cuenta la repercusión que esta medida puede tener en el imputado en atención a:

Circunstancias personales del imputado
Circunstancias del hecho objeto del procedimiento
Pena que pudiera serle impuesta

En segundo lugar, el mismo cuerpo legal en su artículo 503, enumera tres requisitos para adoptar la prisión provisional:

Que conste la existencia de uno varios hechos constitutivos de delito que tenga previsto una pena máxima de prisión igual o superior a 2 años, o de duración inferior si el imputado tiene antecedentes penales sin canelar o susceptibles de cancelación.
Que existan motivos suficientes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra la que se tenga que dictar auto de prisión provisional.
Que con esta medida se persiga alguno de los fines siguientes:

Asegurar la presencia del imputado cuando exista riesgo de fuga.
Evitar la alteración, ocultación o destrucción de las fuentes de prueba.
Evitar que actúe contra bienes jurídicos de la víctima.
Evitar la reincidencia delictiva.

En principio deben darse los 3 requisitos para que pueda acordarse la prisión provisional, pero excepcionalmente permite que concurriendo los dos primeros requisitos se pueda acordar la medida para evitar la reincidencia delictiva, únicamente cuando el hecho delictivo que se le imputa sea doloso.

Además, debo añadir que la ley también establece que la prisión provisional durará únicamente el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos y siempre y cuando subsistan los motivos que justificaron su adopción, por lo que el hecho de que contra una persona se acuerde la prisión provisional en un principio no conlleva necesariamente que dicha medida se mantenga hasta que se celebre el juicio, pues como bien dice la ley, es una medida PROVISIONAL.

Por ello, debo concluir diciendo que la prisión provisional priva a la persona del derecho más valioso que tiene, su libertad, y por el hecho de ser tan valiosos este derecho es por lo que restringirlo debe estar tan justificado. La prisión provisional no debe verse como una pena anticipada, pues no es una pena, es una medida cautelar, por lo que la pena llegará cuando esa persona sea condenada, y no antes.

CUSTODIA COMPARTIDA EN VALENCIA: ¿Realidad o ficción?

2011-03-15T13:35:00.004+01:00

El próximo 28 de marzo estaba previsto que se sometiese a debate en Les Corts la "Ley de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven", luego se retrasó hasta después de las elecciones del 22 de mayo y finalmente el Consell ha rectificado y la ha aprobado el 24 de marzo en un 'pleno escoba' donde también ha dado luz verde a otra serie de iniciativas legislativas. Con esta Ley lo que se pretende es que en la Comunidad Valencia se aplique el sistema de custodia compartida como regla general.

Debo empezar definiendo qué es la custodia compartida y, por custodia compartida se entiende todo sistema de relaciones entre padres, que ya no conviven, e hijos, en el que el hijo está con ambos progenitores el mismo periodo de tiempo, con la finalidad de que el hijo no vea mermado su derecho de crecer y vivir con ambos progenitores y de mantener la relación con otros parientes.

En la actualidad, el régimen por excelencia que se suele pactar, cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, o el que se establece por sentencia, cuando el procedimiento es contencioso, es el que coloquialmente llamamos "régimen de visitas", consistente en fines de semana alternos y vacaciones por mitad para el progenitor que no ha obtenido la custodia de los menores (generalmente el padre).

El problema de este sistema tan extendido es que los menores son los que acaban sufriendo las consecuencias de la ruptura de sus padres, pues son ellos los que, al fin y al cabo, se ven privados de un padre o de una madre (salvo uno de cada dos fines de semana y la mitad de vacaciones), pero no sólo eso, sino que también se ven privados de poder disfrutar de las relaciones con otros parientes, como son los abuelos, tíos o primos, entre otros.

Pues bien, con el sistema de la custodia compartida, lo que se pretende evitar precisamente es eso, que el menor no sufra esas consecuencias, pues no debemos olvidar que en estos casos lo que prima es, siempre, el interés del menor.

Con la Ley 15/2005, de 8 de julio, se modificó el Código Civil en materia de separación y divorcio y se añadió la posibilidad de la custodia compartida, pero si bien es cierto que de eso ya hace 6 años, la realidad es que en Valencia no se ha estado acordando dicha medida salvo raras excepciones. Y digo "no se ha estado" porque desde la sentencia del pasado 1/10/2010, la cosa ha cambiado al revocar el Tribunal Supremo una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia en la que se oponía a la custodia compartida establecida por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Valencia. Hasta entonces lo habitual era que, si un Juzgado de Primera Instancia establecía el régimen de custodia compartida, la Audiencia Provincial, al resolver el recurso, con el famoso "corta y pega" incluyese un famoso párrafo (que todos los que nos dedicamos a esto en Valencia, conocemos de sobra) en contra de que se estableciese la custodia compartida.

Desde ésta famosa sentencia han aumentado considerablemente los casos en los que, generalmente los padres, no se conforman con los fines de semana alternos e intentan acordar una custodia compartida o la solicitan si el procedimiento no es amistoso.

No debe pasarse por alto que para que se establezca la custodia compartida debe existir un informe psicológico que concluya que este sistema es el que mas favorece al menor en cuestión.

De todas maneras, este sistema de custodia seguirá dando de que hablar, pues el Código Civil nada establece con respecto a que pasa, en estos casos, con el uso de la vivienda familiar, la pensión de alimentos... temas que trataré en un futuro.

EJECUCIÓN HIPOTECARIA: Intereses de demora abusivos

2011-03-14T16:27:00.000+01:00

Si no es bastante sufrimiento el hecho de saber que no puedes hacer frente a los pagos de la hipoteca, además se añade el hecho de que el importe que adeudas cada día se va haciendo más y más grande debido a los altísimos intereses de demora que imponen las entidades bancarias a la hora de formalizar la hipoteca.

Pues bien, el pasado 10 de febrero de 2011, el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Valladolid, en una ejecución hipotecaria, tras impugnarse la liquidación de intereses practicada por la entidad bancaria, dictó auto en el que se declaran abusivos los intereses de demora al 19% anual aplicados por la entidad y concluye que la aplicación de un interés moratorio superior a 2,5 veces el interés legal del dinero correspondiente a cada periodo temporal liquidado, es abusivo, debiendo reducirse la liquidación a ese porcentaje. Y ello, tomando como base el dato objetivo de 2,5 veces el interes legal del dnero y la siguiente normativa: Art. 19.4 de la Ley 7/1995 de Crédito al Consumo, Art. 85.6 del RD Legislativo 1/2007 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984.

Asimismo, añade dicha resolución que:

"En el momento actual resulta difícil aceptar que el interés moratorio que aplica la ejecutante se corresponda con el nivel de perjuicio que la misma sufre derivado del impago. No hay indicio alguno que de haber dispuesto la ejecutante de ese dinero de la parte ejecutada hubiera podido obtener un beneficio en el mercado tan elevado como el interés que aquí reclama. No existe proporción entre el interés aplicado (en un contrato que en realidad es de mera adhesión en cuanto a esta cláusula de intereses) como penalidad y el posible perjuicio de la parte ejecutante.

Este carácter abusivo se hace más patente en supuestos como el presente, de ejecución hipotecaria de la propia vivienda del deudor. Es claro que quien se ve incapaz de retener su propia vivienda, siendo expulsado de ella, es porque se halla en una situación económica dramática, no pudiendo ser además, en su desvalimiento, sancionado con unos intereses tan elevados como el aplicado por la actora."

Espero que esto sirva de ayuda a aquellas personas que se encuentran en una situación similar.

VIOLENCIA DE GÉNERO: La importancia de denunciar y declarar

2011-03-14T14:04:00.000+01:00

De unos años a esta parte la sociedad en general está muy concienciada con el tema de la Violencia de Género, pero los casos de fallecimiento aumentan y las agresiones físicas y amenazas, dentro de este ámbito, también.

Escuchamos noticias cada día en el telediario que nos hace preguntarnos: ¿Que es lo que no funciona? Pues bien, una de las causas que hace que la Ley de Violencia de Género no evite lo que en principio debería evitar es, precisamente, la gran cantidad de casos en los que la víctima, por motivos que no vienen al caso, decide no ratificar su denuncia en sede judicial o, simplemente, no desea declarar en contra del presunto agresor.

Cuando hay una agresión, la víctima o cualquier persona puede poner en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado los hechos y de esta manera se están denunciando estos hechos.

Posteriormente, se detiene al denunciado, se le toma declaración en sede policial y se le pone a disposición judicial, donde deberá prestar declaración o acogerse a su derecho a no declarar. A su vez, a la víctima se le toma declaración ya en sede judicial, pero si la víctima sigue casada con el denunciado, el juez debe avisarle de que, en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene derecho a no declarar en contra de su marido.

Muchas veces, y otras muchas no, por motivos que ellas sólo conocen, se niegan a declarar en contra de su marido en virtud del artículo mencionado y, si no existe ningún otro testigo que haya visto los hechos denunciados y que declare en el juzgado, al denunciado se le deja en libertad y el día que se celebre el juicio, si la víctima sigue sin declarar contra su marido, el resultado normal es que absuelvan al imputado por no existir prueba de cargo contra él (como sería el testimonio de la víctima).

Este aviso de la dispensa que tiene de no declarar en contra de su marido debe el juez hacerla de oficio pues, en caso contrario, podríamos encontrarnos con la nulidad de esa declaración.

Por ello es por lo que, en menos ocasiones de las que a todos nos gustaría, no se le puede dar la finalidad prevista a la Ley de Violencia de Género.

LEY SINDE: LO QUE REALMENTE DICE

2011-03-12T18:26:00.000+01:00

El pasado 5 de marzo de 2011, un sábado, se publicó en el BOE la Ley de Economía Sostenible, que incluye la disposición final cuadragésimo tercera, más conocida como Ley Sinde. Mucho se ha hablado del asunto, mucha gente ha comentado, muchas interpretaciones se han dado. Si quieres saber lo que realmente dice la Ley Sinde, vete a la página 25222 del BOE de 5 de marzo, en el que se publica la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

La llamada Ley Sinde no es en sí una ley, sino que modifica tres leyes ya en vigor:

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)

La Ley de Propiedad Intelectual.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Es precisamente este tercer punto el que más comentarios ha desatado. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que está compuesta por dos secciones y que realizará funciones de mediación y arbitraje (sección Primera) y velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual (sección Segunda).

La Sección Segunda está compuesta por:

Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue (presidente)

Vocal del Ministerio de Cultura

Vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Vocal del Ministerio de Economía y Hacienda

Vocal del Ministerio de la Presidencia

La Comisión actúa bajo los principios de objetividad y proporcionalidad, según reza la ley, aunque las asociaciones de internautas consideran que estos principios no se cumplen y han mostrado sus reticencias.

La Sección podrá adoptar las medidas para interrumpir los servicios que vulneren derechos de propiedad intelectual y para retirar los contenidos que vulneren dichos derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

¿Cuál es el procedimiento para poder cerrar una página web?

¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que se obligue a retirar dichos contenidos?

En primer lugar, antes de cerrar la web, se requerirá a quien gestiona el sitio web que retire voluntariamente los contenidos infractores en un plazo de 48 horas.

El infractor podrá realizar en esas 48 horas las alegaciones pertinentes y proponer pruebas para defenderse.

Transcurrido el plazo de 48 horas, en el plazo de 2 días se practicarán las pruebas necesarias, tanto por parte del demandante como del demandado.

Se da traslado de las pruebas practicadas a las dos partes para que en el plazo de 5 días elaboren sus conclusiones.

La Comisión, en el plazo máximo de tres días, dictará resolución.

Es decir, el plazo desde que existe una denuncia hasta que se cierra la web será de 12 días hábiles como máximo (según indica la propia ley). En cualquier caso, la retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento.

La Ley exige la previa autorización judicial para poder iniciar el procedimiento, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Independientemente del cierre de la web (o de la retirada de contenidos) se podrán emprender las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes. Es decir, que el cierre de una web también puede acarrear condenas penales y multas administrativas.